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ACTUALIZADO EL 09 DE ABRIL DE 2016 A
LAS 12:00 AM
OPINION
Hemos creado decenas de
instituciones de diferentes tamaños y programas
POR
JORGE WOODBRIDGE
En los últimos 25 años hemos creado decenas de
instituciones de diferentes tamaños, naturaleza, presupuestos y programas.
Tenemos una estructura institucional que genera un alto costo operativo,
duplicidad de funciones y una preocupante parálisis al desarrollo.
Nuestro Estado se ha vuelto gigante e ineficiente, sin
ninguna viabilidad operativa y financiera para las nuevas exigencias sociales y
de competitividad que requiere la Costa Rica del futuro.
El sector público tiene más de 300 instituciones, en su
mayoría sin ingresos propios, que conforman un complicado y desarticulado
Estado. Ningún partido político se ha atrevido a mencionar la reestructuración
y racionalización del sector público como un eje central de su programa de
acción.
La mayoría de
los partidos defienden este enjambre de instituciones y el statu quopor la
cuota política que aportan. Nadie se aventura a cerrar ninguna institución,
aunque ya no cumpla ninguna función vital.
Servicio Civil. Está claro que el aparato estatal, para lograr la
competitividad, debe contar con excelentes y comprometidos profesionales,
buenas remuneraciones y una gran capacidad de crecimiento y mejora.
Pero, contrario a ello, hemos propiciado un crecimiento
desmedido sin objetivos claros, ni mecanismos de revisión y evaluación. La
inmovilidad del empleado publico, la protección de derechos de unos pocos, la
incapacidad de fijar responsabilidades y resultados nos tienen atrapados.
La rendición de cuentas, la productividad y la fijación
de metas claras es compleja.
Ante esta realidad, es básico que, como parte de esta
transformación, revisemos la actual estructura de la Dirección General del
Servicio Civil (DGSC), institución que debe ser líder en la profesionalización
de los funcionarios de Gobierno.
Solo si se administran los recursos humanos del sector
público con gran flexibilidad y productividad lograremos mayor eficiencia.
Un mundo cada vez más competitivo nos exige hacer
reformas importantes y drásticas en el modelo de empleo público. Tenemos que
flexibilizar la Administración Pública y adaptarla a las nuevas metas de
desarrollo.
Es ilógico que para contratar a un profesional con
características especiales se debe escoger solo entre la terna que envía la
DGSC, que, por su estructura y limitados recursos no tiene las habilidades para
seleccionar los mejores candidatos.
Tampoco es razonable que un funcionario tenga asegurado
por décadas su puesto, independiente de su productividad.
Es necesario descentralizar más la contratación de nuevo
personal, reformar la DGSC y delegar responsabilidades en los jefes de
departamentos, para que sean los responsables directos del reclutamiento,
despidos y valoración de su personal, bajo un estricto control y
profesionalismo.
La evaluación de los empleados por parte de su superior
inmediato debe trascender a instancias superiores. Es importante que cada
institución diseñe su escala de remuneraciones ajustándose estrictamente a las
políticas hacendarias y las necesidades y objetivos de cada institución.
Solo si logramos rendición de cuentas, seguridad para el
empleado eficiente, movilidad, evaluación objetiva, descentralización,
competencia abierta y transparente y una correlación clara entre resultados y
costos, alcanzaremos mayor productividad.
No podemos seguir manteniendo un sistema de salarios
donde la antigüedad prima sobre los méritos. No puede calificarse a todo el
personal como excelente o muy bueno, solo por no comprometerse con un
compañero.
Política salarial. Paralelamente a la creación de nuevos impuestos, hay que
ordenar los salarios y los pluses. Debe detenerse la política expansiva en el
gasto público, especialmente cuando está asociada a un gasto de carácter
permanente.
Los salarios representan prácticamente el 40% del gasto
total del Gobierno Central y un 27% en el resto del sector público.
El aumento en las remuneraciones del Gobierno Central han
crecido un 50% en términos reales, en los últimos ocho años, y este incremento
significa un 2,5% del PIB.
En promedio, los empleados estatales ganan un 250% más
que en el sector privado. En los salarios de los grupos ocupacionales más
calificados, las anualidades y los pluses son más del 40% de sus ingresos y,
lógicamente, varían de acuerdo a la institución donde trabaje.
Un gerente de división de la Asamblea Legislativa con 30
años de laborar percibe apenas el 30%, y el 70% son anualidades y pluses. En un
mismo puesto, en diferentes instituciones, pueden haber grandes diferencias.
Los efectos del encadenamiento sobre los salarios base, las anualidades y
pluses causan un efecto multiplicador distorsionante.
Marco jurídico. Los artículos 191 y 192 de la Constitución establecen las
regulaciones entre los servidores públicos. El control del gasto en salarios
depende de la Autoridad Presupuestaria (AP).
El problema es que la AP establece políticas únicamente a
un tercio de las instituciones y no tiene injerencia en municipalidades,
universidades, CCSS, Poder Legislativo, Poder Judicial, TSE, bancos, la
Defensoría, Recope, ICE, INS, Aresep, Sutel y otras decenas de instituciones
que están en libertad para establecer todas las prebendas y privilegios que
quieran, sin valorar los costos que, en primera instancia, los asumimos los
consumidores de sus servicios vía tarifas o impuestos.
Es imposible hablar de una reforma fiscal sin atacar los
problemas centrales. Claro que la salida es compleja, pero es impostergable.
Las convenciones colectivas no se modifican en lo
sustantivo y son un derecho reconocido constitucionalmente y por acuerdos firmados
con la OIT.
El Código Municipal permite la negociación de
convenciones colectivas en todas las municipalidades en forma independiente.
Muchos ministerios pueden salirse de las directivas de la AP.
El Ministerio de Planificación cumple el papel de
coordinador de la política de empleo, pero no tiene poderes. Más del 45% de los
empleados públicos están cubiertos por convenciones.
Rumbo. El futuro es difícil si no se logran
acuerdos políticos. Hay que hacer reformas importantes para buscar más
efectividad y movilidad.
La falta de capacidad de ejecución, el complejo
reglamento legislativo, la ingobernabilidad, las remuneraciones excesivas, los
privilegios, el endeudamiento y el gasto público creciente apuntan a un
problema de insostenibilidad.
En solo tres años la deuda pública superará el 60% del
PIB de no tomar medidas drásticas en el gasto y los ingresos.
Necesitamos reducir el déficit en un 3,7% del PIB para
evitar caer en una grave crisis social y económica. Hay que buscar acuerdos, el
gobierno y la oposición deben asumir el liderazgo y la valentía para enderezar
esta situación.
No se trata de buscar culpables, pero no podemos mantener
regímenes de pensiones, transferencias y privilegios que son irracionales.
El autor es ingeniero.